Tribunal Supremo: Justicia para los manifestantes del 6 de enero
En el caso Fischer contra Estados Unidos, decidido el 28 de junio, el Tribunal Supremo dictaminó por 6 a 3 que el Departamento de Justicia utilizó una ley irrelevante para procesar a los estadounidenses que protestaron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 contra las elecciones de 2020.
Joseph Fischer asistió a la manifestación ese día y entró en el Capitolio alrededor de las 3:25 p.m., después de que el Congreso entrara en receso. El Departamento de Justicia acusó a Fischer y a más de 300 manifestantes de “obstrucción de un procedimiento oficial” en virtud de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, una ley aprobada en respuesta a la destrucción de pruebas de fraude contable por parte de empleados de Enron Corp. La posible sentencia era de hasta 20 años de prisión.
La opinión mayoritaria del Tribunal Supremo sostuvo que el Departamento de Justicia aplicó los estatutos de la Ley Sarbanes-Oxley de manera demasiado amplia. Dado que los manifestantes simplemente invadieron el predio del Capitolio (muchos de ellos después de que el Congreso había entrado en receso) y no destruyeron registros ni documentos, nunca debieron haber sido acusados en virtud de esta ley.
Este fallo también favorece a Donald Trump. El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, convenció a un gran jurado para que acusara a Trump de cuatro cargos relacionados con el 6 de enero, dos de los cuales citan los mismos estatutos utilizados en la ley Sarbanes-Oxley. Pero si Fischer y los demás manifestantes nunca debieron haber sido acusados de “obstrucción de un procedimiento oficial”, entonces lo mismo es cierto para Trump. Este fallo debilita drásticamente el caso de Smith y expone cómo los izquierdistas en el gobierno han torcido la ley para mantener a Trump fuera de la presidencia.
Como han señalado muchos conservadores, sobre el 6 de enero, la única forma en que el presidente Trump podía exponer lo que había sucedido en las elecciones presidenciales de 2020 era que el “procedimiento oficial” de certificación del Congreso, tal como lo prevé la ley, continuara sin interrupciones mientras los representantes y senadores presentaban y debatían las pruebas del fraude electoral. El motín en el Capitolio no tenía como objetivo mantener a Trump en la presidencia, sino obligarlo a dejarla. Los únicos que se beneficiaron del caos en el Capitolio fueron los izquierdistas radicales que intentaban evitar que se descubrieran las pruebas del fraude electoral. Esta es la verdadera razón por la que fiscales como Jack Smith siguen persiguiendo a los manifestantes del 6 de enero. Este caso le da a Trump la oportunidad de ganar la reelección y terminar las investigaciones de fraude electoral que inició.
