Tribunal Supremo: Apoyo al jefe del Ejecutivo
En el caso Trump contra Estados Unidos, decidido el 1 de julio, el Tribunal Supremo sostuvo 6-3 que los presidentes tienen inmunidad absoluta de enjuiciamiento por acciones oficiales tomadas dentro de su autoridad constitucional. Esto aclara y confirma la autoridad constitucional de la presidencia.
Los medios de comunicación se enfocaron en la frase “inmunidad absoluta” y publicaron titulares como “El Tribunal Supremo pone a Trump por encima de la ley”, pero constitucionalmente no hay nada controvertido en ello. La “estructura constitucional de separación de poderes” de EE UU hace que el presidente sea responsable y rinda cuentas de la aplicación de las leyes federales. Si un presidente toma medidas para cumplir con esta obligación constitucional, por supuesto que es inmune a ser procesado. Como establece la Constitución, el Congreso puede destituir al presidente, o el Tribunal Supremo puede declarar inconstitucionales sus acciones. Pero un fiscal especial no tiene autoridad para detener al jefe del Ejecutivo.
El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, intenta actualmente condenar a Donald Trump por “conspiración para defraudar a EE UU” porque “intentó utilizar el Departamento de Justicia para abrir investigaciones falsas sobre delitos electorales”. Sin embargo, como jefe de las fuerzas del orden de EE UU, el presidente tiene todo el derecho a utilizar el Departamento de Justicia para investigar las acusaciones de fraude electoral. Trump contra EE UU hace casi imposible que Smith condene a Trump por “conspiración para defraudar a EE UU”.
La opinión mayoritaria del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dice que “el artículo ii de la Constitución confiere el ‘poder ejecutivo’ a ‘un presidente de Estados Unidos de Norteamérica”. Esta declaración obvia afirma que el presidente es la única fuente de poder ejecutivo en el gobierno federal. No puede usurpar el poder legislativo del Congreso ni el judicial de los tribunales, pero es el depositario del poder ejecutivo y no rinde cuentas a funcionarios ejecutivos de menor rango, como el fiscal general.
La primera vez que Donald Trump fue elegido presidente, los funcionarios federales leales a Barack Obama trataron de subvertir su agenda mientras se escondían tras la falsa noción de que estaban actuando como un control constitucional sobre el presidente. La sentencia del caso Trump contra EE UU aclara que, constitucionalmente, los funcionarios federales sólo tienen tanta autoridad ejecutiva como el presidente les delegue. Esto significa que cuando el presidente Trump regrese inevitablemente a la presidencia, volverá a un cargo más poderoso que es efectivamente inmune a la guerra jurídica inconstitucional.