Tribunal de Distrito: Jack Smith fue nombrado ilegalmente
El caso Estados Unidos de América contra Donald J. Trump, Waltine Nauta y Carlos De Oliveira se decidió el 15 de julio. El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, estaba procesando a Donald Trump por la supuesta posesión de documentos clasificados sin autorización. La jueza Aileen Cannon, del Tribunal de Distrito de EE UU, desestimó el caso alegando que el cargo de fiscal especial en sí constituye una violación de la Constitución estadounidense.
El 8 de junio de 2023, Smith presentó 37 cargos por delitos graves contra Trump ante un tribunal federal de distrito de Florida, alegando que Trump manejó indebidamente documentos clasificados después de dejar la presidencia. El 27 de junio de 2023, una acusación sustitutiva añadió tres cargos más. Trump argumentó que la Ley de Registros Presidenciales otorgaba a los ex presidentes el derecho a llevarse a casa documentos clasificados. Pero Cannon desestimó el caso antes de que llegara a juicio alegando que “el nombramiento del fiscal especial Smith viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de EE UU”.
La jueza Cannon dictó este fallo tras leer la sentencia del 1 de julio del Tribunal Supremo en el caso Trump contra EE UU. Por una mayoría de 6-3, los magistrados decidieron que un presidente tiene “inmunidad absoluta frente a procesos penales por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preventiva”, invalidando así gran parte del caso de Smith.
En su opinión concurrente, el juez Clarence Thomas hizo una observación vital. “El proceso constitucional para cubrir un cargo se desprende claramente de este texto”, escribió. “La forma predeterminada para nombrar a los ‘funcionarios de EE UU’ es la nominación por el presidente y la confirmación por el Senado”. Esto puso en tela de juicio toda la práctica de que los fiscales generales y el Departamento de Justicia nombren fiscales especiales para enjuiciar ciertos casos, una práctica iniciada en 1875. “Que el cargo de fiscal especial haya sido ‘establecido por ley’ no es un tecnicismo insignificante”, continuó. “Si el Congreso no ha llegado a un consenso sobre la existencia de una determinada oficina, el ejecutivo carece de poder para crearla unilateralmente y luego llenarla. (…) Y hay serias dudas sobre si el fiscal general ha violado esa estructura al crear un cargo de fiscal especial que no ha sido establecido por ley. Esas preguntas deben responderse antes de que esta acusación pueda proceder”.
El fiscal general de EE UU, Merrick Garland, nombró a Smith como fiscal especial el 18 de noviembre de 2022 para supervisar las investigaciones penales sobre Donald Trump, pero Cannon coincide con Thomas en que, dado que el cargo de fiscal especial, un puesto de gran poder, no está confirmado por el Senado, la participación de Smith es inconstitucional.
Smith ha apelado el fallo de Cannon ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE UU, por lo que la cuestión de si el cargo de fiscal especial constituye o no una violación de la Constitución será pronto objeto de un examen más detenido. Mientras tanto, Donald Trump podrá seguir haciendo campaña electoral sin la influencia indebida de la acusación de Smith. El histórico caso Trump contra EE UU señala que el Tribunal Supremo cree en la defensa de la separación de poderes de la Constitución, así que ahora el sistema judicial tiene que explicar por qué un ciudadano privado contratado por un fiscal general izquierdista tiene autoridad para procesar a un ex presidente.