JULIA GODDARD/LA TROMPETA
Por qué el IRS puede portar armas pero usted no
Estados Unidos ya no es una república constitucional. Le han robado la presidencia, su frontera está indefensa y sus agencias administrativas son usadas como arma contra el pueblo. El allanamiento del 8 de agosto en la casa de Donald Trump puso de manifiesto el peligro de las agencias policiales fuera de control. Pero este allanamiento no ha sido para nada la primera vez que una agencia administrativa abusa de su autoridad.
En los últimos años el tamaño, alcance y poder del gobierno federal de EE UU ha crecido a un ritmo alarmante. Incluso profesores de derecho liberales ahora advierten que la gran mayoría de las leyes de la nación ya no provienen de los representantes electos por el pueblo en el Congreso y los gobiernos estatales. En cambio, la gente es gobernada por leyes decretadas como “reglamentos”, impuestas por un ejército de burócratas no electos, inalcanzables y que no rinden cuentas a nadie.
Y la palabra ejército es una metáfora adecuada. Ahora hay 103 agencias ejecutivas (aparte del ejército de EE UU) que gastan millones de dólares al año acopiando rifles, pistolas, municiones, equipo táctico y otros equipamientos. Un informe de diciembre de 2020 de American Transparency señaló que, de 2006 a 2019, el Departamento de Asuntos de los Veteranos gastó 11,6 millones de dólares en armas y equipo militar; el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal gastó 3,9 millones de dólares en armas, drones y cañones de gas LP. Incluso la Junta de Jubilación Ferroviaria compró 50.000 dólares en armas.
Las compras del Servicio de Impuestos Internos (irs, por sus siglas en inglés) son impresionantes: ha acopiado aproximadamente 4.500 armas de fuego y 5 millones de cartuchos, y ha gastado 725.000 dólares en municiones este año. Y aún no ha terminado.
Los funcionarios y representantes federales, especialmente los que son liberales radicales, denuncian habitualmente el poder destructivo de los “rifles de asalto de estilo militar”. Entonces, ¿por qué tienen tantos?
El “Estado profundo” se está armando hasta los dientes por una razón siniestra.
El arsenal del ‘Estado profundo’
La administración Biden está supervisando la expansión más significativa del estado policial nacional en la historia de Estados Unidos. La engañosamente llamada Ley de Reducción de la Inflación no hace nada para reducir la inflación, pero destina 80 mil millones de dólares para que el irs contrate a 87.000 nuevos empleados, duplicando así su personal, muchos de los cuales portarán armas. Un anuncio de empleo del irs para agentes especiales de investigación criminal convocaba solicitantes que estuvieran dispuestos a “portar un arma de fuego” y “dispuestos a usar fuerza letal”. Después de una protesta pública, este anuncio de empleo fue editado. Sin embargo, el gobierno aun planea contratar a 300 agentes especiales del irs con autoridad para portar armas de fuego.
Los legisladores demócratas dicen que estas nuevas contrataciones son necesarias para evitar la evasión de impuestos. Sin embargo, muchos republicanos consideran preocupante el gran volumen de armas y municiones que el Estado profundo está almacenando.
El representante Matt Gaetz le dijo a Fox News el 21 de junio: “Así que este es el plan de Biden: desarmar a los estadounidenses, abrir la frontera, vaciar las prisiones; pero tenga por seguro que seguirán cobrando sus impuestos, y aparentemente necesitan municiones por un valor de 725 mil dólares para hacer el trabajo”.
Gaetz presentó un proyecto de ley en el Congreso el 7 de julio llamado Ley de desarme del irs, que prohibiría a la agencia la compra de armas, municiones y equipamiento militar. En su lugar, el Congreso aprobó la Ley de Reducción de la Inflación. Los demócratas radicales quieren que las agencias federales tengan más poder de fuego, no menos.
Este Estado profundo tiene un líder y una agenda, lo cual es quizás más visible en una de sus agencias más poderosas: el Buró Federal de Investigaciones.
Los fundadores de Estados Unidos evitaron específicamente otorgar al gobierno federal cualquier poder policial. La vigilancia se dejó en manos de los Estados y el electorado. Con el tiempo, el gobierno federal se ha ido otorgando cada vez más poder policial. Ahora más de 100 agencias tienen esos poderes y autorización para usar la fuerza letal contra los ciudadanos estadounidenses. Esto incluye no sólo el Servicio de Alguaciles, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto, sino también la Administración de Seguridad Social, la Administración de Pequeñas Empresas y la Administración Nacional de Archivos y Registros.
El periodista de investigación Adam Andrzejewski, fundador de American Transparency, ha estado informando sobre la militarización de las agencias ejecutivas de EE UU desde la administración de Obama. “¿Para combatir a quién se preparan las agencias federales?”, preguntó recientemente Andrzejewski al Epoch Times. “Nuestros datos muestran que el gobierno federal se ha convertido en un espectáculo de armas que nunca se suspende. Los contribuyentes deben decirle a Washington que el poder policial pertenece principalmente a las ciudades y los Estados, no a los federales”.
En EE UU hay más de 900.000 agentes policiales bajo juramento, que por lo general, si no todos, son designados por las comunidades a las que sirven. Pero los agentes federales no confían en que los cuerpos de policía locales apliquen sus dictados inconstitucionales. Así que están poniendo armas en manos de sus más de 200.000 agentes para prepararse para un futuro conflicto con los estadounidenses del común.
Este Estado profundo tiene un líder y una agenda, lo cual es quizás más visible en una de sus agencias más poderosas. El Buró Federal de Investigaciones (fbi), que muchos reconocen como una agencia inconstitucional, fue sorprendida ayudando a Barack Obama a incriminar a Donald Trump por la colusión rusa, ayudó a la campaña presidencial de Hillary Clinton, ayudó a instalar y a mantener a Joe Biden como presidente, y está persiguiendo a los partidarios de Trump que protestaron por el robo de las elecciones presidenciales de 2020.
La intención de los Fundadores
Los redactores de la Constitución desconfiaban profundamente de los ejércitos permanentes en tiempos de paz. Podrían haber escrito un artículo, una sección o al menos una cláusula, que otorgara al gobierno federal un organismo policial para hacer cumplir las normas dictadas por el poder ejecutivo, y para allanar los hogares de los ciudadanos sospechosos de oponerse a las políticas del presidente en ejercicio. Deliberadamente no lo hicieron. En cambio, limitaron el poder del gobierno, en particular el poder del gobierno federal. Comprendían la naturaleza humana y querían reducir las amenazas a la libertad individual.
James Madison señaló: “Al enmarcar un gobierno que debe ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad radica en esto: primero debe permitir que el gobierno controle a los gobernados; y, en segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo”. Esta es la razón por la cual la Constitución separa los poderes del gobierno federal en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, y por la cual delega la gran mayoría de la aplicación de la ley sobre las poblaciones locales a sus representantes en sus gobiernos estatales y locales.
Por esta razón el sistema de aplicación de la ley de EE UU está formado por unas 18.000 entidades estatales y locales distintas. Cuando las responsabilidades de los cuerpos policiales, incluida la autorización para el uso de la fuerza letal, se dividen entre 18.000 organismos dirigidos por funcionarios locales elegidos, se vuelve difícil que alguien se erija como tirano. Si el alguacil de un condado abusa de su cargo, es directamente responsable ante su propio electorado. El Estado y la nación en su conjunto no se ven afectados.
El fbi, el irs, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, la Administración de la Pequeña Empresa, la Junta de Jubilación del Ferrocarril, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal y docenas de otras agencias federales tienen un total de cero representantes electos. Cada funcionario depende de una cadena de mando compuesta por cero funcionarios electos hasta llegar al presidente de EE UU. Si un funcionario federal abusa de su cargo, sólo es responsable ante sus superiores de la agencia.
Fuera de algunos delitos bien definidos, como la falsificación, la traición y la piratería, la ley constitucional ordena que la aplicación de la ley sea una función del gobierno estatal y local. La Constitución no otorga al gobierno ningún poder para establecer una fuerza policial nacional, y la 10° Enmienda establece que los poderes que no se otorgan expresamente al gobierno federal “están reservados a los Estados, respectivamente, o al pueblo”.
Los funcionarios locales son responsables ante el pueblo. Muchos alguaciles locales en todo el país se han negado a hacer cumplir los requisitos inconstitucionales de decomiso de armas, uso de mascarillas o vacunación. Por lo tanto, el régimen de Biden está atacando a los departamentos de policía locales y los derechos de porte de armas de los ciudadanos estadounidenses, al mismo tiempo que da poder a las agencias ejecutivas. El hombre que dirige el régimen, Barack Obama, entiende que los funcionarios federales dependen en última instancia del ejecutivo federal: el presidente.
La fuerza policial nacional que los fundadores evitaron es ahora una realidad bien armada. “Una fuerza militar permanente, con un ejecutivo demasiado grande”, dijo Madison, “no será durante mucho tiempo compañero seguro de la libertad”.
Apresurándose hacia la guerra
Muchos estadounidenses ahora se dan cuenta de que ya no viven en una república libre, sino en una tecnocracia cada vez más autoritaria dirigida por poderosos burócratas no electos, funcionarios civiles, líderes militares y agentes de inteligencia. Muchas burocracias federales poseen ahora los poderes del legislativo (regulaciones), del poder judicial (“cortes” administrativas) y del poder ejecutivo (aplicación por parte de agentes armados). Así que es poco lo que el pueblo puede hacer para enfrentarse a la tiranía del Estado profundo.
Una encuesta de Yahoo News–YouGov realizada en julio a 1.672 adultos estadounidenses reveló que el 33% de los votantes de Trump en los Estados conservadores ahora creen que estarían mejor si su Estado se separara de la unión y “se convirtiera en un país independiente”.
En “Qué pasará después de que Trump recupere el poder” (laTrompeta.es), el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, explicó que Donald Trump fue el legítimo ganador de las elecciones de 2020. Mostró cómo la Biblia profetiza que Trump volverá al poder, pero que “tendrá que luchar por ello. No tiene que ser una acción militar, pero ciertamente podría serlo. El presidente Trump también podría hacer que algunos Estados decidieran separarse de la Unión”.
El Sr. Flurry ha explicado que el presidente Trump es un tipo del rey Jeroboam ii del tiempo del fin, y enfatizó 2 Reyes 14:26-28, que dice: “Porque [el Eterno] miró la muy amarga aflicción de Israel; que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel; y [el Eterno] no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo; por tanto, los salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?”.
Dios usó al presidente Trump para salvar a Estados Unidos de las fuerzas que buscaban destruirlo hace seis años, pero la campaña para transformarlo en una tecnocracia autoritaria es más fuerte que nunca. La administración radical de Biden ahora tiene más de 200.000 agentes autorizados para usar la fuerza letal y millones de municiones disponibles. ¡El presidente Trump puede verse realmente obligado a luchar para salvar a EE UU!
