Necesitamos un único estándar de justicia

Estados Unidos se retuerce bajo un sistema judicial injusto. Cada vez más abiertamente, fiscales, jueces y políticos están convirtiendo los tribunales de justicia en tribunales de favoritismo y agenda política. Tratan a algunas personas como si tuvieran el privilegio de infringir la ley, mientras que a otras las tratan como presas.

La mayoría de la gente dice que nadie está por encima de la ley y que todo el mundo debería tener el mismo acceso a la justicia. Pero muchos de los que tienen el control ceden a la atracción de la naturaleza humana para poner sus intereses, ideologías, carreras y aliados políticos por encima de la ley.

Esta época de la historia estadounidense es una cruda ilustración de por qué necesitamos un único estándar de justicia.

Un sacrificio por la ley

La justicia estadounidense siempre ha sido imperfecta. Sin embargo, hubo momentos en los que la gente sacrificó sus propios intereses para defender de la ley.

Imagine que vive bajo un gobierno opresor que, entre otras cosas, le exige que pague impuestos pero no le concede voz ni voto en las políticas de ese gobierno. Usted protesta. El gobierno despliega tropas para obligarlo a cumplir. Un grupo de sus vecinos finalmente hierve de ira, rodea a un grupo de soldados y comienza a lanzarles insultos, y luego objetos. Los soldados abren fuego y matan a cinco personas. Los periódicos de la ciudad lo califican de “masacre” y los soldados son detenidos y juzgados por asesinato.

Usted ama su hogar y su país, y le molestan los abusos del gobierno, especialmente el acuartelamiento de soldados en su ciudad.

Pero al examinar la ley y aplicarla a los hechos de esta situación, se comprueba que los soldados no infringieron la ley.

¿Arriesgaría su carrera, su reputación y enfrentaría la ira de sus compatriotas para defender a estos odiados soldados ante un tribunal? Esto es exactamente lo que el abogado de Massachusetts John Adams hizo en 1770 por el capitán Thomas Preston y otros ocho soldados británicos que perpetraron la famosa Masacre de Boston. ¿Por qué? Por la ley y por la justicia: se les acusaba de asesinato con “premeditación y alevosía”, pero no habían tenido tal premeditación.

Si hubieran sido colonos los que hubieran matado a cinco soldados en circunstancias similares, los estadounidenses habrían exigido un juicio justo y apelado al derecho y la ley de legítima defensa. El argumento de Adams era a favor de una justicia igualitaria, pasara lo que pasara. Como Adams dijo en su declaración final: “Los hechos son cosas obstinadas; y cualesquiera que sean nuestros deseos, nuestras inclinaciones o los dictados de nuestra pasión, no pueden alterar el estado de los hechos y de las pruebas (…) [La ley] ordena lo que es bueno y castiga el mal en todos, sean ricos o pobres, altos o bajos”.

Un jurado colonial de Massachusetts absolvió a todos los soldados de asesinato y condenó a dos por homicidio involuntario. Muchos ciudadanos de Boston estaban enfadados con Adams. Pero muchos se dieron cuenta de lo que él y los miembros del jurado habían hecho. Incluso en las circunstancias más difíciles y tentadoras para esgrimir la ley como arma de venganza, en lugar de ello la habían defendido, se habían sometido a ella y habían aplicado un estándar de justicia. La colonia lo eligió más tarde para representar a Massachusetts en el Primer Congreso Continental, y la nación lo eligió como su segundo presidente.

La libertad sólo puede prevalecer cuando el gobierno rige al pueblo según principios legales establecidos, no por caprichos o antojos de los dirigentes. Por eso John Locke (uno de los autores favoritos de Adams) escribió que debe haber “una sola regla para ricos y pobres, para el favorito de la corte y el campesino en su arado”. También es la razón por la que Moisés escribió: “No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande…” (Levítico 19:15).

Cuando la gente en el poder utiliza la ley para sus propios fines y en detrimento de sus enemigos, la libertad muere y comienza la carrera para tomar el poder por cualquier medio posible.

Doble estándar

Durante generaciones, los estadounidenses han dado la ley por sentada. Pero a medida que los casos judiciales han llenado los titulares en los últimos años, nos vemos obligados a enfrentarnos a la pregunta: ¿Mantiene EE UU el Estado de derecho en la actualidad o somos un pueblo diferente al de nuestros Padres Fundadores?

Por ejemplo, dos personas hacen campaña para un cargo. Una contrata a un abogado para que le ayude a encontrar información negativa sobre la otra. Para ocultar la verdad del asunto, el candidato etiqueta los pagos al abogado como “gastos legales”.

Mientras tanto, el otro candidato es acusado de tener una relación adúltera. A través de su abogado, paga a la acusadora para que guarde silencio y también etiqueta los pagos como “gastos legales”.

Ambos candidatos son acusados de falsificar registros comerciales. La campaña del primero es multada con 9.000 dólares por la Comisión Electoral Federal, mientras que el otro es condenado penalmente con 34 delitos graves.

¿Cómo es esto justicia? La campaña de Hillary Clinton canalizó 168.000 dólares al ex espía británico Christopher Steele por un dossier que acusaba a Donald Trump de vínculos comerciales ilícitos con oligarcas rusos, mientras hacía todo lo posible para que la gente no se enterara de su patrocinio de este escandaloso documento. Clinton se libró sólo con una pequeña multa. Pero Donald Trump fue acusado de 34 cargos por “falsificación de registros comerciales en primer grado, en violación de la Ley Penal §175.10” porque dio a su abogado 130.000 dólares para que pagara a una actriz pornográfica para que dejara de alegar un encuentro sexual de años antes.

Este es claramente un caso en el que los que están en el poder utilizan una regla para su favorito y otra para su oposición. El Buró Federal de Investigaciones utilizó el dossier Clinton-Steele para obtener una orden de espionaje contra la campaña de Donald Trump, por lo que el sistema judicial no puede acusar a Clinton de nada grave sin admitir que el fbi desempeñó un papel integral en el infame engaño de la colusión con Rusia. Trump no tiene ese favor del fbi, del régimen de Biden ni del sistema judicial de Nueva York, por lo que se ha convertido en el primer ex presidente de EE UU en ser condenado por un delito grave esencialmente por llegar a un acuerdo de confidencialidad.

Los republicanos de EE UU gritan ahora “justicia instrumentalizada”, pero no hace falta ser un conservador acérrimo para ver que el sistema judicial del país tiene ahora abiertamente dos niveles. Una encuesta realizada hace dos años por Trafalgar Group encontró que el 79% de los encuestados dijo que había “un conjunto de leyes para los políticos y los privilegiados de Washington, D. C.”, y “un conjunto de leyes para los estadounidenses comunes y corrientes”. El presidente Trump se ha unido a los estadounidenses comunes, por lo que ahora se le trata como a uno de ellos.

Esto es exactamente contra lo que advirtieron John Locke y John Adams.

Justicia de dos niveles

Considere los hechos de otra situación. Unos abogados descubren documentos clasificados del gobierno en un armario cerrado de una universidad importante. Lo comunican a la Administración Nacional de Archivos y Registros y descubren que incluyen memorandos informativos sobre Ucrania, Irán y el Reino Unido. El Departamento de Justicia abre una investigación y encuentra aún más documentos, sin asegurar, en casa del político. Este político, que nunca ha tenido autoridad de clasificación, lleva años haciendo esto.

El fiscal general nombra a un fiscal especial para que investigue “la posible sustracción y retención no autorizada de documentos clasificados”, pero el abogado dictamina que el político infractor “probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante la entrevista que le hicimos, como un anciano simpático y bienintencionado con mala memoria”. Por lo tanto, “no hay cargos penales justificados en este asunto” ya que los documentos podrían haber sido dejados por “error”.

Mientras tanto, los Archivos Nacionales tienen conocimiento de la desaparición de algunas cartas y notas de líderes mundiales dirigidas a un presidente estadounidense. Se ponen en contacto con el presidente, que sí tiene autoridad de clasificación, sobre el paradero de estos documentos, y sus abogados reconocen que se llevó 12 cajas de documentos a su casa tras abandonar la Casa Blanca. Los Archivos Nacionales inician el proceso oficial para recuperar estos documentos, pero antes de que este proceso pueda completarse, los agentes del fbi hacen una redada en el domicilio en busca de lo que puedan encontrar. En la redada no aparece ningún documento adicional, pero el ex presidente aún es acusado de 37 delitos graves.

¿Por qué se trata con más dureza al segundo político que al primero? Porque es Donald Trump y el primer político es Joe Biden. Se aplicó una regla para el favorito de la corte y otra para un hombre que representa a millones de campesinos en sus arados.

En este punto, el doble estándar de la justicia es tan flagrante que el régimen de Biden está publicitando el hecho de que está por encima de la ley. Al enviar al fbi a allanar la casa de un hombre que ya estaba discutiendo con los Archivos Nacionales lo que se le permitía guardar, el régimen de Biden espera intimidar a sus críticos. Y al negarse a acusar a Biden de cualquier delito por guardar ilegalmente documentos en el Centro Penn Biden, anuncia que, en el EE UU de hoy, los gobernantes están por encima de los gobernados.

Persecución política

La guerra jurídica de la izquierda en contra de Trump está arrojando luz sobre el doble estándar de la justicia en EE UU, pero el 45º presidente de EE UU está lejos de ser el único perseguido injustamente.

J. Christian Adams, un abogado anteriormente empleado por el Departamento de Justicia de EE UU en la administración de George W. Bush, dice que fue testigo por primera vez de esta política de aplicación selectiva de la ley poco después de que Barack Hussein Obama asumiera el cargo. “Como abogado dentro de la Sección de Votaciones en la notoria División de Derechos Civiles dirigida por Tom Pérez, fui testigo de la justicia para usted pero no para mí desde el 2009”, escribió el 3 de junio. “A principios de la administración de Barack Obama, se nos dijo explícitamente que dejáramos de aplicar las leyes federales que exigían el mantenimiento del censo electoral de los muertos y los inelegibles. A los progresistas no les gustaba esa parte de la ley, y lo dijeron. Las leyes que no gustan a la izquierda son borradas por la hostilidad burocrática”.

Adams renunció al Departamento de Justicia después de que éste desestimara su caso sobre el derecho al voto contra el Nuevo Partido de las Panteras Negras por acosar a un colegio electoral. Cree que la falta de voluntad de la administración Obama para procesar a los Panteras fue el comienzo de una nueva era de justicia desigual. Después de que la funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (irs, por sus siglas en inglés) Lois Lerner admitiera en 2013 que el irs había sometido a un escrutinio extra a los grupos conservadores cuyos nombres incluían términos como “tea party” [partido del té] o “patriota”, este hecho se hizo descaradamente obvio.

El dosier Steele, para cuya elaboración Clinton falsificó registros comerciales, acusa erróneamente a Trump de delitos que Hunter Biden sí podría haber cometido. El grupo de investigación Marco Polo recopiló un análisis de 630 páginas de uno de los ordenadores portátiles de Hunter Biden, en el que se documenta cómo Hunter consiguió los servicios sexuales de mujeres de redes de prostitución (algunas vinculadas a Rusia) y presionó a miembros de su personal para que mantuvieran relaciones sexuales con él. Este análisis relata 459 violaciones de las leyes estatales y federales. Sin embargo, Hunter Biden sólo ha sido acusado de dos delitos menores fiscales y tres delitos graves de posesión de armas de fuego.

Algunos afirman que estos cinco cargos demuestran que ni siquiera el hijo del presidente está por encima de la ley. Pero cuando se sopesan estos cargos frente a las pruebas de lavado de dinero y de explotación sexual expuestas por el portátil, resulta evidente que Hunter es un “favorito de la corte”. De hecho, el trato que se le ofreció inicialmente a Hunter si se declaraba culpable no le obligaba a ir a la cárcel y le eximía de ser procesado por otros delitos más graves. Es sólo porque la gente se quejó del flagrante doble estándar que Hunter puede recibir un castigo un poco más grave.

En los tres años transcurridos desde las protestas del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE UU, los fiscales federales han presentado cargos contra más de 1.265 acusados y han conseguido penas de encarcelamiento para más de 460 de ellos. Sin embargo, cientos de manifestantes permanecen en prisión sin fianza y a la espera de juicio. Se trata de un castigo draconiano sin juicio para personas que probablemente no son culpables de ningún delito más grave que el de allanamiento de morada. ¿Se trata del mismo modo a los manifestantes por los derechos de los transexuales que irrumpieron en el Capitolio de Oklahoma el verano pasado? Por supuesto que no. El sistema judicial estadounidense está intentando dar un escarmiento a quienes cuestionan la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2020. No tienen ningún interés en procesar a los activistas transexuales que intentan intimidar a los legisladores de Oklahoma.

Steve Bannon, un viejo aliado del presidente Trump, fue condenado a cuatro meses de prisión este verano por desafiar una citación del Congreso. Eric Holder, fiscal general de Obama, y Hunter Biden se han jactado de hacer lo mismo sin consecuencias.

Spokane, Washington, ha acusado a tres adolescentes de “actos dolosos” en primer grado por dejar marcas de derrape en un paso de peatones pintado con los colores del arco iris con motivo del “mes del orgullo”. Sin embargo, en los campus universitarios de todo el país, los manifestantes han pedido el genocidio judío, sin consecuencias. Exigir la erradicación de los judíos no es un delito de odio aparentemente, pero derrapar en un paso de peatones sí lo es. Verdaderamente es un mundo de locos, con reglas para usted, pero no para mí.

Esa aplicación selectiva de la ley destruye la nación. La Constitución estadounidense prohíbe la aplicación selectiva de la ley por motivos de raza, religión o sexo, pero cada vez más tribunales aplican la ley de forma selectiva en función de las opiniones políticas y la afiliación partidista. Los republicanos son procesados y castigados severamente mientras que los demócratas nunca son acusados. Hay una regla para el favorito de la corte y otra para los campesinos en sus arados.

Una forma de ley

A lo largo de la historia de la humanidad, los poderosos han oprimido a los impotentes. El antiguo código de leyes del rey Hammurabi de Babilonia está reconocido como un gran avance en el Estado de derecho, pero incluso esta ley establecía castigos diferentes para hombres y mujeres, ricos y pobres.

Dios tuvo que combatir esta forma de pensar en la nación de Israel ordenando: “No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo” (Levítico 19:15), y también: “Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural…” (Levítico 24:22).

Se trataba de un código legal revolucionario. Dios reveló a través de Moisés que ni siquiera los reyes tenían licencia para quebrantar la ley (Deuteronomio 17:14-20). Había “una sola ley” para todos, ya fueran pobres o ricos, campesinos o reyes. Era erróneo enjuiciar a un tipo de persona por infringir la ley mientras se mostraba indulgencia con otros por la misma ofensa.

Durante siglos después del Éxodo, Israel fue la única nación que intentó hacer cumplir el principio que ahora se conoce como lex rex, la idea de que la ley es el rey y que los gobernantes están sujetos a las leyes de la nación no menos que los ciudadanos. Fue este principio el que inspiró a John Adams a defender a los soldados británicos en Boston. También fue este principio el que inspiró a los 56 firmantes de la Declaración de Independencia y a los 39 firmantes de la Constitución de EE UU a luchar por una nueva nación en la que la justicia igualitaria fuera un principio fundamental.

El hecho de que la administración Obama-Biden persiga ahora a sus críticos por infringir supuestamente leyes que los demócratas violan con impunidad es una señal de que EE UU está entrando en una peligrosa era rex les en la que el “rey” es la ley en lugar de que la ley sea el rey.

De hecho, la Biblia profetiza sobre esta peligrosa nueva era.

El libro de Daniel es profecía para este tiempo del fin (p. ej., Daniel 12:4). Daniel 8:12 dice: “Y a causa de la prevaricación [transgresión, vkj] le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó”. Antíoco iv Epífanes cumplió esta profecía cuando profanó el templo de Jerusalén con un ídolo de sí mismo. Un Antíoco del tiempo del fin está cumpliendo la misma profecía, causando una destrucción similar en el EE UU de hoy.

El redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, explica en Estados Unidos bajo ataque (solicite un ejemplar gratuito) que un Antíoco político está destruyendo los principios fundacionales de EE UU. El presidente más contrario a la Biblia en la historia de EE UU, Barack Obama, cumple este papel. Ahora está fuera de la presidencia, pero su estrategia de guerra jurídica de atacar a los oponentes políticos ha pasado a hipervelocidad bajo Biden.

La palabra transgresión significa rebelión o pecado. La razón por la que Obama tiene tanto éxito echando la verdad por tierra y destruyendo la justicia igualitaria ante la ley es que la gente está consumida por el pecado. Quieren favoritismo para sí mismos y para sus aliados políticos, por lo que no están dispuestos a defender la verdad. Incluso a muchos conservadores no les importa la ley lo suficiente como para defenderla a toda costa. Esto hace que sea mucho más fácil para una hueste organizada acabar con ella.

Dios está sacando a la luz la corrupción de la política estadounidense para que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse antes de que un espíritu sin ley destruya EE UU sustituyendo la justicia igualitaria por el horrible gobierno de la fuerza bruta.