La policía de Pelosi

El 6 de julio, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, se reunió con la policía del Capitolio para conmemorar el sexto mes desde las protestas del 6 de enero. Junto con la vice fiscal general Lisa Monaco, Garland se jactó de que los agentes federales habían arrestado a más de 535 acusados en casi todos los 50 estados, como si alguien hubiera fijado una cuota para el número de opositores políticos que debía arrestar. En una declaración en línea, la Oficina del Fiscal General señaló que desde las protestas del Capitolio agentes federales habían detenido a cerca de tres acusados por día, incluyendo los fines de semana. Esta declaración también señalaba que ciudadanos de todo el país le habían proporcionado a agentes del Buró Federal de Investigaciones más de 200.000 pistas de información digital sobre personas presentes en la manifestación del 6 de enero “Save America”, y que el gobierno estaba buscando ayuda para identificar a más de 300 individuos acusados de cometer actos de violencia en el recinto del Capitolio.

“La investigación y el enjuiciamiento por el atentado contra el Capitolio probablemente será una de las más grandes de la historia estadounidense, tanto por el número de acusados procesados como por la naturaleza y el volumen de las pruebas”, señaló la Fiscalía General en marzo. Las autoridades han obtenido más de 900 órdenes de registro y están revisando más de 15.000 horas de vigilancia policial y videos de cámaras corporales.

El gobierno federal se está tomando esta investigación mucho más en serio que las protestas de Black Lives Matter (Las vidas negras importan) o la violencia de Antifa (a pesar de que al menos 25 personas murieron en las protestas de George Floyd, en comparación con una sola persona que fue asesinada en la protesta del 6 de enero).

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está utilizando las protestas del Capitolio como excusa para convertir a la Policía del Capitolio en una guardia pretoriana del Partido Demócrata. “En una notable muestra de lo comprometido que está el Partido Demócrata a utilizar la narrativa del extremismo doméstico para su propio beneficio, Nancy Pelosi está colocando oficinas satélite de la Policía del Capitolio de D. C. en regiones clave de todo el país”, informó Sundance en Conservative Treehouse. “Si tenemos en cuenta que el fbi tiene oficinas de campo en todo el país, cabe preguntarse: ¿Por qué la policía del Capitolio necesita expandirse más allá de Washington, D.C.? Esencialmente, lo que Nancy Pelosi está haciendo es ampliar el mecanismo de vigilancia federal del poder legislativo en áreas específicas donde pueden investigar a la oposición política armados con autoridad legal”.

La Policía del Capitolio está abriendo oficinas de campo en San Francisco (California) y Tampa (Florida), y se espera que en un futuro más estados hagan lo mismo. El jefe interino de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, dijo que estas nuevas oficinas eran necesarias “para investigar las amenazas a los miembros del Congreso”, pero no comentó si la Policía del Capitolio tiene siquiera jurisdicción legal para operar fuera de Washington, D.C. La Policía del Capitolio es una agencia federal de seguridad facultada por la Ley de Jurisdicción de la Policía del Capitolio de Estados Unidos de 1992 para vigilar el Capitolio de Estados Unidos y sus instalaciones. El establecimiento de oficinas de campo en San Francisco, Tampa y otras ciudades es un paso importante para transformar la Policía del Capitolio en una agencia nacional encargada de perseguir a los opositores políticos de la administración Biden.

El hecho de que Pelosi esté ampliando significativamente el poder y la jurisdicción de la Policía del Capitolio mientras, simultáneamente, los demócratas progresistas piden desfinanciar los departamentos de policía locales muestra que el verdadero motivo de muchos demócratas no es frenar a los policías supuestamente racistas, sino nacionalizar la vigilancia policial bajo su control. El gobierno de Obama utilizó al fbi para inculpar a Donald Trump de cooperar ilegalmente con el gobierno ruso para robar las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, y ahora el gobierno de Biden está utilizando a la Policía del Capitolio para cazar a quienes intentan exponer los esfuerzos de los demócratas para robar las elecciones presidenciales de EE UU en 2020 mediante la manipulación ilegal de papeletas y aparatos digitales.

La policía de Pelosi le indicará a los agentes de la ley de Garland a qué “enemigos del Estado” deben perseguir. Y como no hay un proceso constitucional para que exista una agencia de seguridad federal subsidiaria, todo esto es completamente ilegal.

Los fundadores de EE UU evitaron específicamente establecer una policía con jurisdicción nacional: los departamentos de policía locales y las oficinas del alguacil no pueden ser utilizados por el gobierno nacional como armas contra el pueblo. Los agentes del gobierno federal sólo existen para combatir los delitos interestatales, como la falsificación, la traición y la piratería. La gran mayoría del poder policial que afectaría la vida cotidiana de los estadounidenses se deja en manos de los estados y del pueblo. Por eso los estadounidenses eligen a sus alguaciles locales y por eso los funcionarios de las ciudades nombran a los jefes de policía. Esta disposición constitucional existe para evitar la tiranía. Sin embargo, cada vez más, los demócratas y los burócratas se esfuerzan por derribar a los alguaciles y a la policía local y crear agencias politizadas, como la Policía del Capitolio, que son más leales a quienes les pagan que al pueblo estadounidense.

Como dijo el comentarista conservador Tom Elliott en una publicación de Twitter el 7 de julio: “Es increíble cómo la Constitución tiene una lista muy corta y específica de cosas que el gobierno no puede hacer y, sin embargo, casi todo lo que el gobierno propone hacer cae en esta lista”.

Mi padre, el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, ha informado sobre esta tendencia durante años. “El gobierno federal bajo el Sr. Obama alimentó la desconfianza de la gente hacia sus fuerzas de policía locales, exagerando la gravedad de estos problemas”, escribe en su folleto Great Again (Grande otra vez). “Una de las razones fue que su administración se estaba posicionando para intervenir y resolverlos, mientras adquiría más poder para sí misma. (...) El gobierno federal estaba acaparando más y más control. Tenía un control absoluto sobre la policía. El gobierno de Obama parecía ver cada nueva historia policial destacada y de índole racial que estallaba en las noticias como una oportunidad para tomar más control. Estaban derribando a la policía, ¡la última línea de defensa de la nación! La socavaron en gran medida. ¿Sabe lo que pasará después de eso? Nuestras ciudades serán quemadas con fuego”.

Al igual que el gobierno de Obama, el gobierno de Biden está derribando a los jefes de policía locales elegidos por el pueblo estadounidense y formando jefes de policía federales contratados por el “Estado profundo”. Este esfuerzo está dividiendo al país al empujar a más y más alguaciles locales a apoyar a Donald Trump y al Partido Republicano. La situación se dirige hacia la violencia y la guerra civil. Cuando mi padre predice: “Nuestras ciudades serán quemadas por el fuego”, está citando a Isaías 1:7, que dice: “Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños”. Esta profecía del tiempo del fin revela el resultado final del intento de la izquierda radical de derribar completamente el sistema constitucional de EE UU y sustituirlo por un sistema socialista.

Pelosi y Garland dicen que están derribando a Donald Trump, ¡pero en realidad están derribando a Estados Unidos! ▪