Guerra en el 2024

A finales de este año, de acuerdo con la Constitución, Estados Unidos realizara sus próximas elecciones. La guerra por la presidencia está a punto de hacerse inevitable, en todo el país.

Un gran número de estadounidenses dicen abiertamente que las elecciones de 2020 fueron robadas, y decenas de millones quieren volver a votar por el presidente Donald Trump.

Pero los izquierdistas radicales en las oficinas de los medios corporativos, las cámaras de los jueces, las oficinas de los fiscales, el Ala Oeste y Kalorama están tratando de bloquear a estas personas para que ni siquiera vean el nombre “Donald J. Trump” en una papeleta electoral en primer lugar.

Harán cualquier cosa. Se rebajarán a cualquier nivel, contravendrán cualquier criterio, destrozarán cualquier reputación, cometerán cualquier injusticia, se saltarán cualquier norma, dirán cualquier mentira e infringirán cualquier ley, incluyendo la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Cometerán traición. De hecho, ya lo han hecho. Así que no se retractarán ahora: 2024 significa una guerra política y legal total.

Los medios del régimen están desplegando sus innumerables presupuestos, asignando noticias, invitaciones a entrevistas, ediciones de video, ángulos de cámara, acuerdos editoriales, acuerdos publicitarios, ascensos, descensos, encantadores, lanzafuegos y otros personajes de opinión para hacer ver como un monstruo al hombre que quiere “hacer que Estados Unidos sea grande otra vez”. Pero las encuestas, las asambleas electorales y la asistencia a los mítines demuestran que, si se les permite a los estadounidenses ejercer su único medio directo de controlar su gobierno y votar por los representantes de su elección, ellos elegirán a Donald Trump.

Desesperados, los izquierdistas están recurriendo a estrategias más drásticas. Algunos han planteado incluso la idea del asesinato. Sin embargo, dejando a un lado el asesinato, la táctica que más están impulsando en estos momentos es la guerra jurídica, diseñada para impedirle siquiera la posibilidad de ocupar el cargo.

Guerra jurídica radical

La guerra jurídica en contra del presidente Trump no tiene precedentes. Ha sido procesado dos veces: una por tratar de sacar a la luz la corrupción de la familia Biden en Ucrania (lo que se ha demostrado cierto por abundantes pruebas) y otra por tratar de sacar a la luz el robo de las elecciones presidenciales de 2020 (lo que se ha demostrado cierto por abundantes pruebas).

Después de que en más de 234 años de historia presidencial estadounidense no se produjera ninguna imputación por delitos graves, el año pasado los fiscales radicales cargaron al presidente Trump con cuatro de ellas en cinco meses, imputándole formalmente nada menos que 91 delitos graves y programando las fechas de los juicios para mediados de la campaña presidencial. A instancias de algunos fiscales de distrito, grandes jurados de Nueva York, Florida y Georgia lo acusaron de financiar su campaña pagando a una actriz pornográfica por un acuerdo de confidencialidad, de poseer documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago tras abandonar la Casa Blanca y de litigar contra los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

Además de las teorías jurídicas inventadas y otras debilidades de estos casos, está saliendo a la luz que las personas que están detrás de ellos son inmorales y corruptas. En Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, presuntamente cometió adulterio con un fiscal especial del mismo condado que le pagó viajes lujosos utilizando honorarios legales que él recibió del régimen de Biden, y que ocultó al tribunal durante su divorcio de su esposa y ama de casa durante 20 años. Además, y lo que es más importante, estas acusaciones parecen estar en colusión con la Casa Blanca. Según Fox News, tanto Willis como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, han visitado la Casa Blanca, aparentemente para coordinar su ataque a Trump con el hombre que le robó la presidencia.

El presentador de la cadena Fox, Jesse Watters, dijo: “Es casi como si Biden estuviera dirigiendo las acusaciones contra Trump desde la Casa Blanca”. Esa es una buena selección de palabras, no porque no sea del todo colusión, sino porque no es del todo Biden quien la está dirigiendo.

El hombre que dirige las acusaciones contra Trump no es el político de carrera corrupto de 81 años que hizo campaña ante multitudes pequeñas desde su sótano en 2020, se va de vacaciones con frecuencia y sufre lapsos mentales. El hombre que dirige las acusaciones en contra de Trump y todo lo demás en este régimen es el mismo hombre que utilizó como arma a la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones y la Agencia de Seguridad Nacional en contra de los estadounidenses, sus representantes y el candidato Trump; el hombre que dirigió las reuniones en contra de Trump en el Despacho Oval justo antes de entregar la presidencia. El hombre que dirige todo esto sigue viviendo a tan sólo 11 minutos en coche, en medio de docenas de embajadas, misiones y residencias de embajadores, con élites izquierdistas de alto nivel entrando y saliendo de su mansión. Está llevando a cabo un golpe de Estado contra el pueblo de EE UU de Norteamérica y contra sus representantes debidamente electos.

Su nombre es Barack Obama.

Si frenar y calumniar a Donald Trump con demandas por motivos políticos sigue sin detenerlo a él y a sus millones de seguidores, entonces Obama y su aparato trabajarán para que sea legalmente inelegible por sus votos.

El Tribunal Supremo de Colorado disparó el primer gran cañonazo en esta persecución política. Los jueces de Colorado dictaminaron en diciembre de 2023 que el asalto al Capitolio y los disturbios del 6 de enero de 2021 fueron una insurrección y que el presidente Trump es culpable de incitarla, lo que le impide ejercer cargos federales en virtud de la 14ª Enmienda. Días después, y con el mismo razonamiento, el secretario de Estado de Maine retiró unilateralmente a Trump de la boleta electoral de las primarias presidenciales de ese Estado.

Los demócratas de los medios de comunicación, de la política, de las fiscalías y de los tribunales han caracterizado al presidente Trump como una “amenaza para la democracia” que debe ser apartado de su cargo, no por la voluntad del pueblo, sino por la de ciertos fiscales y jueces. Por increíble que parezca, a los votantes de EE UU se les está presentando potencialmente una lista de candidatos presidenciales preaprobados por las élites de Washington, D. C. Si tienen éxito, la tan prometida “transformación fundamental” de EE UU por Obama estará completada. La república constitucional más grande del mundo se habrá convertido en una dictadura autoritaria.

Complot traicionero

El más grave de estos cargos es la tercera imputación del fiscal especial Jack Smith. El 1 de agosto de 2023, Smith convenció a un gran jurado de Washington, D. C., para que acusara a Trump de intentar demorar la certificación de las elecciones presidenciales de 2020 incitando a la violencia en las protestas del Capitolio del 6 de enero de 2021.

No hay pruebas de que Trump hiciera esto, porque no lo hizo. Después de no conseguir una audiencia en el Tribunal Supremo ni en ningún otro tribunal, el presidente Trump quería y necesitaba que esos manifestantes se dirigieran al Capitolio para “animar a nuestros valientes senadores y congresistas” y “hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica” porque su última oportunidad de detener la usurpación de la presidencia era que los miembros del Congreso se reunieran, presentaran pruebas y debatieran. Las acciones sospechosas antes de la violencia, las formas en que ésta comenzó, la actitud ordenada en general de la mayoría de los manifestantes, el rechazo por parte de las autoridades a hacer públicas las pruebas de video, y el hecho de que todo esto impidiera que el Congreso debatiera el fraude electoral con millones de personas viendo, demuestra que el aspecto del 6 de enero de 2021 que implicó violencia sólo benefició a los demócratas radicales.

Pero Smith no se enfoca tanto en los hechos del 6 de enero como en la perspectiva de impedir “legalmente” que el presidente Trump asuma el cargo en virtud de la 14ª Enmienda. Sólo necesita que unas cuantas personas en los lugares adecuados estén de acuerdo en que Trump participó en una “insurrección o rebelión” contra EE UU o prestó “ayuda o consuelo a los enemigos del mismo”. Entonces, millones de votantes estadounidenses no tendrán elección.

Para radicales como Smith, esa eventualidad es hipnotizante. Las acusaciones de Smith están programadas para obstaculizar e incluso poner fin a su campaña presidencial. El presidente Trump alega no sólo inocencia, sino “inmunidad” judicial por las acciones que realizó mientras ocupaba la Casa Blanca. Estas afirmaciones no disuaden a Smith. Su misión no es defender la ley sino ayudar al fiscal general Merrick Garland; al jefe de Garland, Joe Biden; y al jefe de Biden, Barack Obama, a mantener a Trump fuera de la papeleta electoral.

En diciembre, el tribunal acordó una rápida revisión de la demanda de inmunidad presidencial de Trump para que Smith pudiera continuar su acusación, utilizando la fallida demanda de inmunidad para reforzar su impulso. Pero a algunos demócratas radicales les preocupa que involucrar al Tribunal Supremo en este caso pueda beneficiar en última instancia a Trump si los jueces conservadores se ponen de su parte.

El Tribunal Supremo

El 13 de diciembre de 2023, el tribunal aceptó escuchar un caso presentado por Joseph Fischer, un manifestante del 6 de enero que dice que sólo estuvo brevemente dentro del Capitolio, pero que aun así fue acusado de obstruir un procedimiento del Congreso. Fischer argumentó que el estatuto que supuestamente violó se promulgó a raíz del colapso de Enron y fue concebido para aplicarlo a la manipulación de pruebas para obstruir un procedimiento oficial. Smith cita este estatuto en dos de sus cuatro cargos por delitos graves contra el presidente Trump.

El juez de distrito Carl Nichols inicialmente descartó el caso contra Fischer, pero el Tribunal de Apelaciones de EE UU para el Circuito del Distrito de Columbia anuló el fallo del tribunal inferior. Entonces Fischer apeló ante el Tribunal Supremo.

Smith quiere que el Tribunal Supremo se salte el proceso normal de apelación y falle con prontitud para que su juicio por insurrección del 6 de enero pueda comenzar antes de que empiecen las primarias del Supermartes del Partido Republicano (otro indicativo de que está más preocupado por procesar al principal rival de Biden que por administrar justicia verdadera). Sin embargo, un fallo adverso en el caso Fischer podría limitar los cargos que Smith puede presentar contra Trump. Los demócratas ya están incluso exigiendo que el juez Clarence Thomas se abstenga de participar en este caso porque temen que pueda aplicar la Constitución.

La decisión del Tribunal Supremo de retomar el caso retrasó la capacidad de Smith para proceder con los cuatro cargos de la acusación. Si el tribunal dictamina que Trump cuenta con inmunidad fiscal o que los manifestantes del 6 de enero que invadieron las instalaciones del Capitolio no pueden ser acusados de impedir “la asistencia o el testimonio de cualquier persona en un procedimiento oficial”, como hicieron los auditores de Enron en 2002, el presidente Trump quedará libre al menos de este intento de impedir que los votantes incluyan su nombre en la boleta electoral. Pero Fischer contra EE UU podría convertirse en el inicio de una investigación mucho mayor sobre el 6 de enero de 2021 y las irregularidades electorales del 3 de noviembre de 2020.

Desde antes de las elecciones presidenciales de 2020, mi padre, el redactor jefe de la Trompeta Gerald Flurry, ha afirmado que la Biblia profetiza el papel de Donald Trump, que ciertas profecías sobre él siguen sin cumplirse, que la presidencia le corresponde legítimamente y que será presidente. La imposición de Joe Biden nos sorprendió a todos, pero a lo largo de este período tumultuoso y de todos los altibajos, mi padre ha estado seguro de que Donald Trump es el presidente legítimo y de que recuperará ese poder. Y ha señalado que la “capital del reino” probablemente facilitará esto. Así que hay que entender la “capital del reino” para comprender la guerra política contra Trump.

La ‘capital del reino’

“No lo sé, pero creo que el Tribunal Supremo tendrá que dictaminar al final sobre esta elección”, escribió mi padre el 9 de noviembre de 2020. “¡El hecho de que la jueza [Amy Coney] Barrett esté allí cuando eso ocurra aumenta las probabilidades de que se cumpla la ley! Y eso marcaría la diferencia para el presidente. (…) Yo pensaría que esa es la forma en que Dios va a resolver esto, pero puede que Él tenga otras ideas”.

Mi padre basó su análisis en una Escritura en Amos 7:13, donde un sacerdote malvado le dice al profeta Amós: “Y no profetices más en Bet-el, porque es santuario del rey [capilla del rey, vkj], y capital del reino [corte del rey, vkj]”.

Explica en su artículo “¿Está la Corte Suprema de EE UU en la profecía de la Biblia?” que la frase “santuario del rey” indica un movimiento religioso que es más leal personalmente al rey que al hombre que Dios está usando para advertir a la nación. Aunque el presidente Trump no es especialmente religioso, los evangélicos cristianos estadounidenses lo ven como su única esperanza para frenar o detener los males horrendos que afligen a EE UU. Por eso le apoyan firmemente.

“Capital del reino” se traduce mejor como la “corte del reino” y se refiere a una “entidad no religiosa” que apoya al rey. Mi padre utiliza esta y otras profecías, incluyendo 2 Reyes 14:26-28, para mostrar que este líder —que está en el poder durante los días finales de la superpotencia descendiente del antiguo Israel— es Donald Trump. La corte del reino que lo apoya es la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Congreso cerró el debate y certificó las elecciones de 2020 para Joe Biden a las 3:44 de la madrugada del 7 de enero de 2021. No existe un proceso constitucional establecido para deshacer la certificación electoral realizada por el Congreso incluso si se descubre una usurpación. Así que el Tribunal Supremo tendría que decidir qué hacer en tal circunstancia. La Trompeta sigue esperando que el robo de las elecciones de 2020 quede totalmente al descubierto, que el poder de Barack Obama y Joe Biden disminuya y que Donald Trump vuelva a la presidencia. Así que siga observando al Tribunal Supremo.

Inicialmente, al tribunal le faltó coraje ante el robo de las elecciones, la tiranía del gobierno y otros temas, pero su papel no es de ninguna manera insignificante. Muchos de los magistrados deben darse cuenta de que EE UU ya no será en lo absoluto una república democrática si fiscales como Smith pueden impedir que un hombre se postule siquiera para un cargo porque algunos de sus partidarios traspasaron las instalaciones del Capitolio sin saber que estaban cerradas al público. El Tribunal Supremo podría estar involucrado en determinar si EE UU sobrevive como república, o si sobrevive en lo absoluto.

Amós lo describe como el periodo en el que Dios dice “no lo toleraré más”. Como ha dicho mi padre, Dios sí le dará a esta nación una última oportunidad para arrepentirse de los horribles pecados que nos han llevado a un lugar tan horrible en nuestra historia. Y Él lo hará específicamente a través del presidente Donald Trump.