Anarquía por diseño

El gobierno radical de Washington, D. C., no es incompetente: es inmoral. El presidente de Estados Unidos tiene el deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales que protegen a los 50 Estados, incluyendo las leyes de inmigración diseñadas para proteger a los ciudadanos estadounidenses de los invasores extranjeros. A pesar de esta responsabilidad, la administración Biden ha permitido que 7,3 millones de extranjeros crucen la frontera sur de EE UU desde que Joe Biden asumió el cargo.

Esa cifra es más que la población de 36 de los 50 Estados. Y a menos que el ritmo de la inmigración ilegal se desacelere drásticamente, el año fiscal 2024 batirá el récord del año pasado de 2.475.669 encuentros en la frontera suroeste.

Esta negligencia tiene consecuencias en el mundo real. Las redes latinoamericanas de narcotráfico se están expandiendo por el país, las muertes por sobredosis de drogas van en aumento, y niñas de tan sólo 11 años son vendidas como esclavas sexuales.

Sin embargo, una de las consecuencias más ignoradas de la catástrofe fronteriza intencional de Biden es la crisis constitucional.

Una constitución es un conjunto de principios por los que se rige un Estado. Bajo ella, los individuos renuncian a ciertos derechos ante el gobierno a cambio de seguridad. Cada uno de los 50 Estados ha renunciado al derecho a concertar tratados con potencias extranjeras y a entrar en guerra a menos que sea realmente invadido (Artículo i, Sección 10, Cláusula 3 de la Constitución de EE UU). A cambio de estas concesiones, el gobierno federal ha garantizado a cada Estado de la unión una forma republicana de gobierno y protección federal de invasiones extranjeras.

Al negarse a cerrar la frontera sur de EE UU, Joe Biden ha violado su juramento de ejecutar fielmente las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso y ha roto el pacto básico entre el gobierno federal y los Estados. Esto crea una crisis constitucional grave. Sin embargo, es sólo el principio del comportamiento traicionero del régimen de Biden.

Además de negarse a hacer cumplir la ley de inmigración misma, la administración Biden se moviliza ahora para impedir que el Estado de Texas haga cumplir la ley. No es que la administración Biden sea demasiado perezosa o incompetente para hacer su trabajo. Más bien, ¡la administración Biden está del lado de los extranjeros ilegales!

Batalla por Texas

En su primer día en el cargo, Biden firmó 17 órdenes ejecutivas que barrían la respuesta del presidente Donald Trump a la pandemia, los planes medioambientales, la agenda económica y políticas de inmigración. Una de estas órdenes ejecutivas detuvo la construcción de Trump del muro fronterizo con México y animó a una caravana de 8.000 migrantes centroamericanos a comenzar a dirigirse a EE UU. Cuando Biden no hizo nada para impedir la llegada de esta caravana, los cruces ilegales de la frontera sur se multiplicaron por seis: de 1.000 al día a más de 6.000 al día.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, esperó más de un año a que la administración Biden diera un paso al frente y cumpliera con su deber constitucional. Sin embargo, con millones de personas de más de 160 países cruzando la frontera, Abbott no podía esperar más. Emitió una orden ejecutiva el 7 de julio de 2022, autorizando a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a detener a los migrantes y deportarlos de vuelta a México.

Abbott citó la Constitución de EE UU como su autorización, diciendo que la negativa de Biden a proteger a Texas de la invasión “ha obligado al Estado de Texas a construir un muro fronterizo, desplegar fuerzas militares estatales y entrar en acuerdos como se describe en el Artículo i, Sección 10 de la Constitución de EE UU para asegurar el Estado de Texas y repeler la inmigración ilegal que financian los carteles”. Es difícil discutir su razonamiento. La frontera sur está siendo invadida.

Texas también comenzó a instalar alambre de púas a lo largo del Río Grande para disuadir a los extranjeros ilegales de cruzar. En lugar agradecer a Texas por hacer su trabajo, los agentes federales de la Patrulla Fronteriza han estado yendo detrás de los agentes de Texas para levantar o cortar el alambre. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la administración Biden por este comportamiento ilegal, pero en noviembre un juez federal denegó su petición de impedir que la Patrulla Fronteriza volviera a abrir la frontera.

Paxton apeló esta decisión ante el Tribunal Supremo de EE UU. El 22 de enero, el tribunal emitió un fallo que permite a la Patrulla Fronteriza seguir cumpliendo las órdenes de Biden. Este fallo probablemente no sea la última palabra del tribunal sobre el asunto.

Esta demanda revela el espíritu anárquico de la administración Biden. En los últimos tres años, Texas ha gastado 11 millones de dólares en 70.000 rollos de alambre de púas, y la administración Biden ha destruido literalmente propiedades estatales para eliminar los pocos obstáculos que existen para que millones de inmigrantes ilegales se infiltren en el país. En lugar de proteger a Texas de los invasores, Biden está facilitando la invasión.

Ahora tenemos una crisis constitucional en curso. El 24 de enero, el gobernador Abbott emitió una declaración en la que decía que la administración Biden había “roto el pacto entre EE UU y los Estados”. Y puesto que el Artículo i, Sección 10, Cláusula 3 de la Constitución de EE UU dice: “Ningún Estado, sin el consentimiento del Congreso (…) entrará en ningún acuerdo o pacto con otro Estado, o con una potencia extranjera, ni entrará en guerra, a menos que sea realmente invadido”, Abbott está dando instrucciones a la Guardia Nacional de Texas de que continúe desplegando alambre de púas para frenar la invasión.

Transformación fundamental

A mucha gente le cuesta entender qué pretende conseguir la administración Biden luchando contra Texas por este asunto. El 23 de enero, un reportero de Fox News le hizo al portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, la pregunta que está en la mente de millones de estadounidenses: “¿Por qué están ustedes facilitando la entrada ilegal de personas al país?”. Kirby eludió inicialmente la pregunta, pero al final admitió que la Patrulla Fronteriza estaba cortando la alambrada para obtener “el acceso que necesitan para procesar mejor a las personas que intentan cruzar la frontera”.

¡Ha leído bien! La Patrulla Fronteriza no quiere que el alambre de púas sirva para disuadir la entrada ilegal. Más bien, quiere facilitar el flujo de extranjeros ilegales a través de la frontera hacia el interior del país. Desde enero de 2021, el gobierno de Biden ha liberado a casi 3,5 millones de personas en EE UU con instrucciones de que vuelvan más tarde para su audiencia judicial, a pesar de saber que la mayoría no se presentará.

Trevor Loudon, experto en comunismo y colaborador de Epoch Times, ha señalado que sólo harían falta entre 15 y 25 millones más de votantes demócratas para transformar EE UU en una dictadura de partido único, y que la mejor manera de conseguir estos votantes es abriendo la frontera sur. Así que a Biden no le importa que una mayoría de estadounidenses desapruebe cómo está gestionando la crisis fronteriza, porque no está intentando aumentar su popularidad entre ellos. La inmigración ilegal y el fraude electoral son medios para aferrarse al poder.

Muchos agentes fronterizos están furiosos por las órdenes de Biden y del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas (quien fue sometido a juicio político por la Cámara de Representantes por su papel en la crisis fronteriza). Si usted es un agente de la Patrulla Fronteriza, tiene que elegir entre obedecer las órdenes de abrir la frontera, o desobedecerlas y caer en luchas internas y promover la ruptura del Estado de derecho en EE UU.

¡Éste es exactamente el tipo de disyuntiva entre anarquía y la anarquía que Joe Biden y, mucho más, Barack Obama, quieren imponer utilizando su poder! Biden ha comparado a los “republicanos maga” con terroristas islamistas, mientras que Obama los ha calificado como amargados aferrados a las armas y a la religión. Estos líderes no quieren defender a los estadounidenses conservadores de los carteles de la droga y de los socialistas latinos. Su objetivo es usar la inmigración ilegal como arma para transformar fundamentalmente a EE UU en una nación socialista.

Al igual que otros radicales, Obama cree que EE UU es una sociedad racista que necesita expiar sus demonios mediante concesiones especiales, reparaciones al por mayor y librando una guerra cultural. Pero él sabe la necesidad de enmascarar ese radicalismo. Así que intenta que parezca que la crisis fronteriza es el resultado de la incompetencia de su presidente títere senil, Joe Biden, cuando en realidad se trata de un asalto calculado a los ciudadanos estadounidenses destinado a provocar una guerra civil con cualquier conservador que posea el suficiente coraje para defender la Constitución.

Desobediencia civil

Veintiséis fiscales generales republicanos enviaron una carta a la administración Biden el 29 de enero en la que defendían la decisión del gobernador Abbott de seguir colocando alambre de púas y exigían que Biden “hiciera cumplir las leyes que aseguran la frontera sur”. Los fiscales generales representaban a Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming. Esto significa que la mayoría de los Estados creen que nos encontramos en una crisis constitucional.

“No es exagerado decir que ésta es la peor crisis constitucional desde la Guerra Civil y que ahora estamos en aguas inexploradas”, escribió el Federalist. “Ha habido momentos en nuestra historia en los que un Estado ha desafiado la aplicación de las leyes federales, pero nunca nos hemos enfrentado a una situación en la que el gobierno federal se haya negado a aplicar sus leyes e incluso las haya violado. Y dado que la crisis fronteriza implica la cuestión de la seguridad, la afirmación de Abbott de la autoridad del Estado va directa al meollo de la cuestión que nos ocupa, que es la de los primeros principios: ¿Tiene un sistema de gobierno derecho a defenderse, a preservar su existencia ante una invasión?” (25 de enero).

¡Esta es una pregunta seria! El gobernador Abbott tiene razón en que el Artículo iv de la Constitución de EE UU garantiza a cada Estado que el gobierno central “protegerá a cada uno de ellos contra la invasión”. Y tiene razón en que Biden ha roto este pacto, y no por accidente. Los fiscales generales pueden verlo. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Qué harán estos Estados si el gobierno de Biden sigue pisoteando la Constitución del país? ¿Se rendirán y dejarán que los demócratas radicales sigan importando votantes centroamericanos hasta que EE UU sea tan socialista como Nicaragua? ¿O seguirán el ejemplo de Texas y desafiarán al gobierno federal si es necesario?

Abbott ciertamente tiene abundantes razones legales para desacatar a la administración Biden. Sin embargo, al igual que un agente de la Patrulla Fronteriza que desafía las órdenes establece un precedente peligroso, un Estado que desafía las órdenes también establece un precedente peligroso. Si otros Estados comienzan a desacatar órdenes federales que son constitucionales, lo que queda del Estado de derecho acabará <dando paso a la anarquía o al imperio de la fuerza bruta. Barack Obama ha estado trabajando sin descanso hacia ambos objetivos.

En su declaración del 24 de enero, Abbott señaló que el Artículo i de la Constitución de EE UU establece que un Estado no debe “entrar en guerra, a menos que sea realmente invadido, o se encuentre en un peligro tan inminente que no admita demora”. Esta disposición de emergencia fue incluida por los Padres Fundadores para que un Estado pudiera defenderse de un ataque sorpresa que el gobierno federal no estuviera preparado para repeler. Ahora Texas ha recurrido a invocar una cláusula de guerra para repeler una invasión; una invasión que los radicales del gobierno federal están facilitando activamente con fines siniestros.

Que los Estados comiencen a invocar el Artículo iv, Sección 4 de la Constitución de EE UU, ¡es un asunto serio! Más de 600.000 personas murieron en la Guerra Civil estadounidense; ¡una segunda guerra civil sería probablemente aún más mortífera!

Guerra civil

La crisis fronteriza es uno de los varios asuntos que causan una profunda división en EE UU. ¿Podría esto, junto con la crisis de las elecciones robadas, hacer que Donald Trump lleve a algunos Estados a la secesión?

En su artículo de julio de 2021 “¿Qué pasará después de que Trump recupere el poder?” (laTrompeta.es), nuestro redactor jefe explicó que el presidente Donald Trump fue el legítimo ganador de las elecciones de 2020. Dijo además que la Biblia profetiza el regreso de Trump al poder, aunque él “tendrá que luchar por ello. No tiene que ser una acción militar, pero ciertamente podría serlo. El presidente Trump también podría hacer que algunos Estados decidieran separarse de la Unión”.

Sin embargo, aunque la crisis constitucional de EE UU no termine en una secesión literal como ocurrió durante la primera guerra civil, la Biblia profetiza que la profunda división política destruirá a la nación a menos que la situación cambie drásticamente.

Ese artículo explicaba además que el presidente Trump es un tipo del rey Jeroboam ii en 2 Reyes 14:26-28, que dice: “Porque [el Eterno] miró la muy amarga aflicción de Israel; que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel; y [el Eterno] no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo; por tanto, los salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?”.

Esto significa que el presidente Trump tendrá que luchar para recuperar el cargo que le fue robado. Ya está luchando contra la guerra jurídica, y probablemente tendrá que luchar también contra la guerra.

Una profecía de Ezequiel 5:12 revela que un tercio de la población de EE UU y Gran Bretaña del tiempo del fin morirá a causa de la peste, el hambre y la violencia que resultarán de la guerra civil. ¡Eso equivale a más de 100 millones de muertes por disturbios y guerras en EE UU, ¡170 veces más que en la primera Guerra Civil! (Solicite nuestro libro gratuito Ezequiel: El profeta del tiempo final para más explicaciones sobre esta profecía). Un número de muertos tan descomunal no es el resultado de una mera ola de crímenes o de algunas protestas políticas. Este tipo de maldición requiere fuerzas militares rivales enfrentadas entre sí, lo que indica una profunda división incluso dentro del ejército.

El presidente Trump podría cerrar la frontera cuando regrese al cargo, pero no puede sanar la profunda división política entre los Estados rojos y los Estados azules. Sólo Dios puede sanar esta división, pero primero todos los estadounidenses deben entender por qué tal corrupción ha echado raíces en nuestro gobierno. Ya sea usted un demócrata o un republicano, necesita reconocer la advertencia de Dios y volverse hacia la única esperanza que queda: ¡el arrepentimiento hacia Dios!